Las confesiones de Karisma: Foco, de la lucha anticorrupción a conspirar contra la democracia
Hasta hace unas semanas, el nombre de Karisma Karamañites era asociado con una causa: la demanda de inconstitucionalidad que casi saca a José Raúl Mulino de la papeleta presidencial de 2024, hasta que la semana pasada la prensa local hizo público como la joven abogada que coordinó, junto al abogado Carlos Ernesto González Ramírez, cada movimiento jurídico de esa ofensiva, apoyada en 73 páginas de chats de WhatsApp notariados.
Hoy, esa misma protagonista ha volteado el reflector el otrora “bando anticorrupción”. Sus declaraciones en un podcast de Metro Libre han detonado lo que ya se bautizó como los “KarismaLeaks”: capturas de chats, audios y relatos que involucran a Annette Planells –fundadora de Movin, exdirectiva de Foco y expresidenta de La Prensa–, al propio portal Foco y a figuras ligadas al Tribunal Electoral (TE) y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lo que dice Karisma
Karamañites sostiene, básicamente, tres puntos:
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Que su demanda contra Mulino no fue un acto aislado de convicción jurídica, sino parte de una operación diseñada y alentada por un pequeño núcleo político–mediático donde sobresale Annette Planells y figuras vinculadas a Foco.
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Que Planells tenía “línea directa” con altos mandos del TE y con la presidenta de la CSJ, María Eugenia López, y que incluso habría conocido con un día de anticipación la inhabilitación de la candidatura de Ricardo Martinelli.
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Que el mismo ecosistema que se presentaba como cruzada anticorrupción operaba, detrás de cámaras, con lógicas de presión política y mediática, usando a Foco como altavoz privilegiado para instalar narrativas y castigar a adversarios.
Son acusaciones graves. Si se comprueban, ya no estaríamos ante simples excesos de activismo ciudadano, sino ante un intento deliberado de influir en decisiones jurisdiccionales clave, erosionando la confianza en dos pilares de la democracia panameña: el árbitro electoral y la justicia.
La reacción de La Prensa: carta de la Junta Directiva
La onda expansiva llegó de inmediato al histórico diario La Prensa, donde Planells no solo fue parte de la junta directiva, sino también figura de referencia pública. Ante los “KarismaLeaks” y lo confesado en el podcast del diario Metro Libre, la corporación emitió una nota oficial en la que se desmarca tajantemente de las actuaciones de su exdirectiva.
En esa comunicación, la Junta Directiva afirma que no comparte ni respalda las actuaciones de Annette Planells y que estas se apartan de los principios éticos del periodismo de la casa editorial; además, subraya que se realizaron sin conocimiento, autorización ni aval de la corporación.
Pero el daño reputacional ya está hecho: el mero hecho de que el principal diario del país tenga que aclarar que una expresidenta de su junta actuó por cuenta propia refuerza la percepción de que hubo, como mínimo, confusión peligrosa entre militancia política y periodismo independiente.
El misil político: la crítica de Lombana
A esa crisis se suma la reacción política. El excandidato presidencial Ricardo Lombana, en un mensaje publicado en X (cuyo contenido el propio Lombana hizo público), cuestiona que la imparcialidad de La Prensa se sane con una simple carta de la Junta Directiva y afirma que, a su juicio, ellos tenían pleno conocimiento de cómo se conspiraba para engañar a la población con “publicaciones amañadas”. remata preguntando si el comunicado es un verdadero compromiso de corrección o solo “una carta de Poncio Pilatos”.
Más allá de la valoración que se tenga sobre Lombana, el punto de fondo es otro: el sector que durante años se presentó como referente moral de la lucha anticorrupción ahora es acusado de haber jugado con cartas marcadas, usando el prestigio de medios tradicionales y digitales para operaciones de poder opacas.
¿Honestidad traicionada o bombo político?
Es importante subrayar que, hasta el momento, ni Annette Planells, ni Foco, ni Morgan & Morgan, ni las autoridades del TE o la CSJ han presentado respuestas públicas detalladas refutando punto por punto las acusaciones.Eso no equivale a admitir nada, pero sí deja un vacío de explicación que otros actores llenan con interpretaciones y editoriales.
Por otro lado, no se puede ignorar que Karisma también tiene incentivos políticos propios: pasó de ser rostro de la demanda contra Mulino a convertirse en testigo estrella en medios estatales y portales alineados con el gobierno, que hoy usan su relato para legitimar la narrativa de un “golpe judicial” frustrado contra la voluntad popular.
Justamente por eso, el foco no debería ser convertir a Karisma en heroína ni en villana, sino abrir una investigación formal, con acceso a los chats notariados, registros telefónicos y testimonios bajo juramento, como ya sugieren juristas que ven “mérito para investigar” las revelaciones que involucran a Planells y Foco.
Lo que está en juego
Si se confirma que hubo coordinación directa con magistrados del TE y de la CSJ, anticipación de fallos y uso instrumental de medios bajo el disfraz de activismo cívico, estaríamos frente a un escenario donde la bandera anticorrupción fue utilizada para socavar el propio sistema democrático que decía defender.
Y si, por el contrario, las acusaciones fueran exageradas o manipuladas, el país tendría frente a sí otro problema: un gobierno y un ecosistema mediático dispuesto a usar selectivamente filtraciones y exaliados para desacreditar cualquier oposición bajo la etiqueta de “conspiración”.
En ambos casos, el saldo es el mismo: una democracia con menos confianza en sus instituciones y en sus supuestos vigilantes ciudadanos. La única salida responsable es dejar de administrar este escándalo a punta de filtraciones y glosas, y llevarlo al terreno frío de la evidencia jurídica. Hasta que eso ocurra, los “KarismaLeaks” seguirán siendo la radiografía incómoda de un país donde la línea entre ética periodística, activismo y juego de poder se ha vuelto peligrosamente borrosa.